Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta

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Legislatura: 1854-1856 (Cortes Constituyentes de 1854 a 1856)
Sesión: 28 de mayo de 1855
Cámara: Congreso de los Diputados
Discurso / Réplica: Discurso
Número y páginas del Diario de Sesiones: nº 165, 5.185 a 5.189
Tema: Suspensión de las garantías constitucionales y publicación y circulación de los periódicos e impresos

El Sr. SAGASTA: Señores, no había pensado tomar parte en esta discusión: pero al ver que desde el principio se vienen confundiendo dos cuestiones esencialmente distintas e igualmente importantes, no he podido resistir a la tentación de manifestar mi parecer, para que si por lo poco que valgo no merece vuestro asentimiento, que aparezca en lo que vale mi deseo.

Ninguno de los Sres. Diputados que se han levantado aquí a apoyar el voto particular de mi amigo el Sr. Salmerón, y a combatir por consiguiente el voto de la mayoría, ninguno ha negado, rigurosamente hablando, la autorización; ninguno ha separado la idea de la autorización de la idea de gobierno. He aquí, señores Diputados, confundidas dos cuestiones: una cuestión ministerial, cuestión de gobierno; y otra cuestión de suspensión de ciertas garantías constitucionales; y hasta tal punto existe esa confusión, que no se ha podido librar de ella la mayoría de la Comisión que de lleno concede esa autorización, y la manifiesta clara y terminantemente en su dictamen, cuya redacción pienso también combatir.

Yo bien sé, Sres. Diputados, que en todos los países parlamentarios, que en todos los Parlamentos es práctica de la oposición hacer cuestiones de Gabinete, aun prescindiendo en parte de algo de sus principios, todas aquellas cuyas votaciones pueden ser dudosas para el Gobierno. Este sistema tiene muchísimos inconvenientes, pero también produce buenos resultados cuando se trata de una asamblea de continuo oprimida por una mayoría viciada, porque puede suceder que una mayoría viciada sostenga como bueno a un Gobierno que rija los destinos del país contra la voluntad expresa del mismo.

Pues bien; en este caso, cuando se presenta una cuestión, sea administrativa, sea política, sea de lo que se quiera, puede suceder que esa mayoría, aunque viciada, no esté tan ligada al Gobierno que pase por todo lo que éste prolonga, y aprovechando la oposición cualquiera disidencia entre esta mayoría, y haciendo cuestión de Gabinete una que en realidad no lo sea, puede conseguir que no continúe aquel Gabinete rigiendo los destinos del país. Pero fuera de este caso, cuando se trata de Asambleas que son la expresión del país, cuando se trata de puntos que pueden interesar al Estado, este sistema de oposición, es decir, esa oposición sistemática, constante, sin descanso, produce muchos inconvenientes e introduce mil obstáculos en la marcha del Gobierno, que debe ser bueno si es la expresión del Parlamento. Aquí nos encontramos en este segundo caso. Yo tengo muchísimo gusto en reconocerlo así, y no creo que haya nadie que lo dude. Aquí podrá haber una mayoría que más o menos acertadamente apoye al Gobierno; aquí podrá haber una mayoría que llevando a la exageración la idea del orden combinada con la del Ministerio, apoye al Gobierno; pero es una mayoría independiente, que tiene conciencia, que discute, que razona, que se convence con la razón y con la discusión.

Pues si estamos aquí en este caso, no hay para qué confundir las cuestiones de principios y de Ministerio. Absolutamente deben tratarse separadas, porque de esa manera el Diputado obra con arreglo a su conciencia; no se verá en la necesidad de sacrificarse por consideración al Gobierno, ni de sacrificar al Gobierno por consideración a su conciencia; así el Diputado no tiene necesidad de saltar por encima de sus principios para apoyar sus principios.

Pero esta manera de confundir las dos cuestiones, que parece que se ha convertido en enfermedad contagiosa, ha llegado a apoderarse también de los individuos de la Comisión, y eso que desde luego conceden de lleno la autorización al Gobierno. Pero vean los señores Diputados de qué manera la conceden. Dice el artículo 1º: " Se autoriza al Gobierno que presida el Duque de la Victoria." Dice " que presida...."

El Sr. SAGASTA: Lo mismo me da que diga que preside o que presida; para mi cuestión es lo mismo. Pues bien, al Gobierno que preside el Duque de la Victoria; es decir, señores, que la Comisión no concede esta autorización a un Gobierno que no esté presidido por el Duque de la Victoria; es decir que la Comisión no tiene confianza para conceder esa autorización más que en el Duque de la Victoria, y no la tiene en ninguno de los demás miembros del Gabinete. El dictamen de la [5.185] mayoría es un voto de censura, claro, terminante, a los demás miembros del Gabinete.

Señores, los individuos de la Comisión no tienen más confianza que la que yo tengo en el Duque de la Victoria; pero yo no puedo conceder una autorización de esa naturaleza, ni es posible qua la puedan conceder las Cortes Constituyentes. Esta redacción es inconveniente, y digo que es inconveniente porque las Cortes Constituyentes solo pueden conceder esa autorización al Gobierno, al ente moral Gobierno, no puedo de ninguna manera excluir a ninguno de sus individuos.

Pero todavía hay más, Sres. Diputados: yo que voy a apoyar la autorización en principio; yo que voy a defender; yo que voy a procurar que deis la autorización que se os pide al Gobierno, voy a rebatir el dictamen de la mayoría, porque una vez aprobado y elevado a ley, había que encabezarle con la fórmula siguiente:" Las Cortes Constituyentes han decretado, y Nos (la reina) sancionamos lo siguiente." Es decir que las Cortes Constituyentes van a decretar y la Reina sancionar que esta autorización no se puede dar más que al Gobierno presidido por el Duque de la Victoria; es decir que las Cortes Constituyentes van a decretar y la Reina a sancionar que ésta y aquellas no tienen confianza más que en el Duque de la Victoria. Consideración repugnante, a que nos ha conducido la confusión de las dos cuestiones a que antes he aludido. Por eso conviene tratarlas separadamente, y yo así las voy a tratar, empezando por la primera, por la cuestión de la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Esta pequeña digresión a que me he visto obligado para justificar la separación que quiero hacer de las dos cuestiones, ha sido necesaria. Sensible me es, Sres. Diputados, y tanto más sensible cuanto que yo como el que más amo la libertad de mi Patria, sensible me es verme precisado a apoyar ahora la adopción de medidas que repugnan a mi carácter, que rechazan mis principios; pero más sensible me sería que por no adoptar hoy esas medidas, por más que repugnen a mi carácter y las rechacen mis principios, pudiéramos mañana encontrarnos en la necesidad de emplear medios más terribles y desastrosos para nuestro país.Yo bien sé que la autorización que se nos pide está fuera de la ley; yo bien sé que esa autorización en parte traspasa los límites de la Constitución en las bases que llevamos aprobadas; yo bien sé que esa autorización puede dar lugar al abuso, con tanta mayor razón, cuanto que no tenemos una ley de orden público que sirva de regla y norma al Gobierno en la aplicación de esta autorización y que establezca también las formalidades y tramitación que debe concederse para que todo el que se ve perseguido siendo inocente pueda demostrar su inculpabilidad: todo esto lo conozco, Sres. Diputados; pero también sé que cuando se ataca la existencia del Gobierno con las armas en la mano; que cuando por la falta de esa ley de orden público pudiera éste quedar indefenso contra las maquinaciones que todos los días están fraguando los enemigos de la libertad y del Trono constitucional de Doña Isabel II; que cuando la legislación civil no basta para casos extraordinarios, necesario es apelar a medidas extraordinarias, por más que nos repugnen y nos duelan.

Cuando el enemigo se levanta en medio de un pueblo armado, no puede considerarse como un hecho aislado; ese hecho tiene necesariamente extensas ramificaciones que es preciso destruir, hacer desaparecer por completo, para evitar quizá de este modo una gran efusión de sangre, la mayor de las calamidades para nuestro país, la guerra civil. Pues bien; quizá en esta alternativa, y cuando todavía no hemos alcanzado el tiempo de la paz perpetua; cuando todavía no hemos llegado a la época feliz en que las Naciones por convenio mutuo destierren sus aparatos guerreros, hagan desaparecer sus parques militares, desaparecer los ejércitos, se trueque el fusil por el arado, la espada por el cincel, el cañón por la máquina industrial; cuando las cuestiones, bien sean interiores o internacionales, todavía se resuelven por esas maneras bárbaras, a sangre y fuego, por ese modo que no da la razón al que la tiene, sino al que tiene más fuerza, en vez de resolverlas por la razón y la justicia, como las de los particulares, por medio de tribunales, de jurados, de Congresos; cuando todavía no hemos alcanzado esos tiempos, repito, no es imprudente seguramente poner a nuestros enemigos en el dilema siguiente: o deponed las armas, y os trataremos con las consideraciones y el respeto que a nuestros amigos, que a los que atacan la ley; o de lo contrario, resignaos a sufrir lo mismo que en igualdad de circunstancias nos haríais sufrir a nosotros.

Pero se dice: entre las desmesuradas facultades que el Gobierno solicita, y las circunstancias en que funda su pretensión, hay una desproporción inmensa. No se trata, señores, de 60 facciosos que se hayan presentado en Calatayud, y 60 o 70 soldados que se hayan sublevado en Zaragoza, y de que se formen o puedan formarse algunas partidas carlistas en otros puntos. No, señores; esos hechos no pueden considerarse aisladamente, hay que considerarlos necesariamente en relación con otros hechos que estamos viendo por todas partes.

Hay que considerarlos en relación con las suposiciones calumniosas que dirigen continuamente los enemigos del país, unas veces a pretexto de la religión, otras acerca de la Milicia Nacional, otras con motivo de la desamortización. Hay que considerar todos esos trabajos, y de ellos puede deducirse el origen de un cataclismo; puede deducirse por fin el principio de una guerra civil. Por menos empezó la última que desgraciadamente hemos tenido. Por menos empezó la última que duró siete años, durante los cuales fueron asolados nuestros campos, perdida nuestra industria y agricultura, nuestras artes, matando al comercio y ahogando los manantiales de la riqueza pública, y haciendo que esta magnánima Nación viniera a caer en la miseria y en la pobreza, que eso es, señores, el legado que dejan las guerras civiles. ¿No os asusta todavía esta guerra civil? Acordaos de ella y tened en cuenta que el medio de evitarla as hacer lo que en la anterior debió haberse hecho. Entonces se decía que pudo haberse cortado en un principio, en su origen, y no se consiguió por no adoptar medidas enérgicas, terribles, pero necesarias. No hagamos nosotros lo mismo, que por no adoptar estas medidas no nos quede después sino el único recurso, que es el remordimiento.

No vayamos, pues, a desperdiciar esos hechos, imitando a un célebre Diputado cuando dijo a la entrada del Pretendiente, qua era un faccioso más. No vayamos a ponernos en el case de tener que cargar con la inmensa responsabilidad que el país con mucha razón [5.186] nos puede exigir. Os asusta, Sres. Diputados, la idea de que el Gobierno venga a pedir autorización para hacer variar de domicilio a los ciudadanos que conspiren contra la situación actual, contra el Gobierno, contra la sociedad, y no os asusta que, sin este medio quizá se engruesaran las facciones, y quemarán, y talarán, y matarán, y quedarán en la orfandad un sinnúmero de familias; ya por desgracia a estas horas se ha derramado alguna sangre. Os asusta, señores, que se autorice al Gobierno para prohibir la circulación de periódicos, y que yo siento llegue este caso; que prohíba, digo, la circulación de impresos en que sin intención tal vez contribuyan a ser una tea incendiaria y a la perturbación por consiguiente de la tranquilidad y el orden público, que son la esencia y la vida de las Naciones para asegurar su libertad.

Pero se nos dice que basta con las leyes ordinarias para reprimir los delitos de conspiración.

Esto no basta, señores, y no tengo necesidad de demostrarlo. Lo estamos tocando todos los días; lo estamos palpando desde que estamos aquí reunidos. Se han cogido conspiraciones, se han descubierto los conspiradores; pero los tribunales los han mandado a la calle, porque los tribunales ordinarios, en circunstancias ordinarias, necesitan ver el delito, y los delitos de conspiración están envueltos en el misterio, no salen a la luz del día, sino a la sombra de la noche.

Cuando los tribunales han encontrado motivo en los delitos de conspiración para imponer pena, mas bien que por los medios de que disponen, ha sido por torpeza de los conspiradores; por manera que los tribunales ordinarios sólo penan a los conspiradores torpes, y a esos no hay que temerlos; a los listos es a los que debemos temer. Y no se me diga que esto puede consistir en que el personal de la judicatura no es bueno; pues aunque lo sea, será lo mismo; porque estando en sus manos la propiedad, la vida y hasta el honor del ciudadano, no pueden, de la manera que están las leyes existentes, obrar de otro modo. Y ¡ay del día, señores, en que esos funcionarios públicos dieran color político a sus acciones! ¡Ay del día en que en los fallos de los tribunales se vislumbrase el partido dominante! Aquel día no habría sociedad, no se podría vivir.

Pero se nos dice también: la autorización que se pide no tiene ejemplar, es la dictadura más grande que se ha conocido hasta ahora; no la ha pedido ningún Gobierno; ni las Cortes la han concedido. No parece, señores, sino que voluntariamente nos ponemos una venda en los ojos, para no ver lo que pasa en nuestro rededor, y que forzosamente olvidamos lo que ayer presenciamos.

¿Qué viene a pedir el Gobierno? Que se le autorice para hacer variar de domicilio al ciudadano que tenga datos para creer que conspira; y para eso es necesario, primero, la unanimidad que exige la ley que se presenta, y que se forme un expediente general que hemos de examinar aquí, para exigir la debida responsabilidad a los Ministros qua hayan abusado de esta autorización.

Y esto nos lo pide el Gobierno cuando estamos en guerra, cuando nuestros contrarios no están dentro de la ley, porque los Gobiernos anteriores apelaban a medidas excepcionales contra partidos que estaban dentro de la ley, pues el partido moderado, como el progresista, dentro de la ley pueden luchar por el mando.

Pero ahora, señores, la ley que se os viene a pedir es la que los Gobiernos pasados han empleado en todos tiempos, en tiempo de paz, continua y constantemente.

Se dice también: " es que se pide además la facultad de suprimir periódicos, la prohibición de que circulen éstos, y esto no tiene ejemplar." ¿Qué queréis que haga más el Gobierno: que ponga mordazas a la boca para que no se hable, esposas en las manos para que no se escriba, grillos en los pies para que nadie se mueva, o que proponga lo que propone? Pues no hace mucho tiempo que se presenció todo esto, y sin embargo se nos viene diciendo que no hay ejemplar. ¿Y cuándo lo hemos presenciado? Cuando estábamos en tiempo de paz, en circunstancias normales, cuando no mediaban circunstancias como las que nos rodean en estos momentos. El que esto dice, o ha perdido la memoria, o quiere olvidar lo mismo que ayer vio.

Voy a concluir, porque no creo que se hayan hecho más cargos de alguna gravedad al dictamen de la mayoría; voy a concluir haciéndoos observar que no es esta cuestión única y exclusivamente de partido, y esto debería influir en el ánimo de la mayor parte de los Diputados que se sientan en estos bancos. Y digo que es cuestión de partido, por más que esté muy interesado el partido progresista en desmentir la acusación de que no sabe gobernar ni combinar la libertad con el orden; porque no se trata solo de una cuestión de partido, se trata de una cuestión de orden, de una cuestión social para la España. El primer deber de todo Gobierno es conservar el orden y la tranquilidad, sin la cual es imposible que se pueda gozar de esa libertad que todos queremos tanto. Una vez que el orden se altere, es necesario por encima de toda consideración recuperarle; porque es lo primero que el país nos exige y tiene derecho a exigir, y lo primero que nosotros tenemos el deber de asegurarle. Bien, señores Diputados, que recuperemos ese orden público inmediatamente y después demos toda la libertad posible al ciudadano, que hable, que escriba, que se mueva, que comercie, que trafique con toda la libertad que permitan la moral pública y privada, con toda la libertad que consienta el buen sentido y toleren las buenas costumbres.

Y basta ya de esta cuestión. Os he dicho que iba a tratar de la otra separadamente; pero me he extendido demasiado en la primera, y lo compensaré diciendo solo cuatro palabras sobre la segunda. Como habéis visto, esta autorización que el Gobierno pide es necesaria, porque ante todo debemos restablecer el orden en nuestro país, y esta autorización puede conseguirlo. Pues bien; la cuestión será, si todos y cada uno de los individuos que componen el Ministerio merecen o no la confianza de la Asamblea. Esta cuestión no puedo resolverla yo; un voto de censura la resolverá.

Proponedlo, y cualquiera que sea su resultado, tened en cuenta que haréis un favor a esos mismos individuos que componen el Gabinete, y un gran bien al país.

Si el Gobierno sale triunfante de este voto de censura, que puede abrazar a todos sus miembros o a cada uno de ellos individualmente, podrán continuar en sus cargos con la conciencia tranquila, y les habremos dado la fuerza moral que tanto necesitan. Si, por el contrario, no sale triunfante, sabrán los Ministros que se encuentren en este caso que no pueden seguir en esos puestos y que deben ser reemplazados por otros que den más apoyo al Gobierno y más gusto al país. Yo os he trazado el camino; si os parece bien, seguidlo; si [5.187] no, haced lo que más os plazca, que en uno y otro caso el país nos juzgará. He dicho.

El Sr. SALMERÓN:.... Me parecía que estaba oyendo al Sr. Sagasta hacer la crítica del discurso que pronunció en la cuestión de la Milicia Nacional, queriendo atribuir a la minoría el sistema de hacer cuestión de Gabinete todas las cuestiones de cierto género, y precisamente S.S. estaba incurriendo de un modo implícito en los mismos defectos que ha querido atribuir a la minoría, y apeló a su lealtad que se diga si me engaño. En una cuestión que no era de Gabinete, la hizo S.S. de Gabinete, y sin embargo su señoría, dirigiéndome a mí, ha dicho que es una suerte que no haya yo hecho esta cuestión de Gabinete.

El Sr. SAGASTA: Perdone V. S., no he dicho eso.

Ante todo debo hacerme cargo de la rectificación que ha hecho el Sr. San Miguel, y de la explicación que ha dado el Sr. Ministro de Hacienda. Ambos señores han dicho lo mismo que yo. Pero yo he añadido, y repito, que creo inconveniente e inconstitucional la redacción del dictamen, y voy a decir por qué. Cuando este proyecto pase a ser ley, hay que encabezarle así: " Doña Isabel II, etc, Sabed: que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: Se autoriza al Gobierno presidido por el Duque de la Victoria, etc."

Es decir que las Cortes van a acordar y la Reina a sancionar, no que se da una autorización al Gobierno, sino a uno solo de sus individuos; es decir que esta confianza no podemos dispensarla más que a uno de los miembros de ese Gabinete; es decir que las Cortes Constituyentes van a acordar, y S.M. a sancionar, que no tenemos confianza en el Ministerio que ocupa ese banco, siendo así que no le ocuparía si no mereciera la confianza de las Cortes y de la Reina. En este sentido he dicho que es inconstitucional la redacción. He dicho también que es inconveniente; pues supongamos por un momento que el Duque de la Victoria desaparece del Ministerio; que, lo que Dios no quiera, muriese el Duque de la Victoria: ¿caducaría la autorización? Si ésta se concede al Gabinete que ha de presidir el Duque de la Victoria, es claro que si el Presidente desapareciese, desaparece la autorización. Y digo yo; si la autorización no es necesaria no estando el Duque de la Victoria al frente del Gabinete, menos debe ser necesaria estando este ilustre caudillo al frente de la situación.

Voy ahora a contestar al Sr. Salmerón. Su señoría ha creído ver en mi discurso de hoy la crítica del que pronuncié en la cuestión de Milicia Nacional, diciendo que hice esta cuestión de Gabinete. Mi amigo el Sr. Salmerón se equivoca, y en el Diario podrá verlo. [5.188] Yo decía entonces: no permitáis que una fuerza extraña a las Cortes venga a echar abajo tal o cual Ministro; porque si no merecen confianza, hay un medio constitucional de echarlos, el de darles un voto de censura. Con esto contesto al Sr. Salmerón. No tenía presente a S. S. cuando he hablado de oposición, y no porque no aprecie a S. S., pues somos amigos; pero al dirigirse uno a la Asamblea, no es fácil tener delante de la vista todos los individuos que la componen. Respecto a cuestiones de Gabinete, dije que en todas las Asambleas la oposición hacía de Gabinete las cuestiones graves que podían colocar en conflicto a un Ministerio, y esta es una verdad que demuestra la historia.

Por último, ha hablado S. S. de que la historia no presenta ejemplos iguales al que nos hallamos. Yo he contestado que sí, refiriéndome a hechos que todos hemos presenciado. Pues qué, ¿no recordamos todos los hechos de variación de domicilio de ciudadanos, los encarcelamientos, las prisiones y persecuciones de todo género? A esto me refería. ¿Y no son estos ejemplos de alguna aplicación a la actual? Y cuenta que esto se verificaba cuando las circunstancias no eran tan alarmantes como las de ahora, porque entonces estaba dentro de la Constitución el partido que combatía al Gobierno, pero hoy hay delante de la situación, delante del Gobierno, un partido que trata de variar nuestro sistema y que trata de variarlo todo, hasta la sociedad misma. Y concediendo hoy esa autorización, y obrando después según ella, nos quedaremos muy atrás de lo que han hecho los Gobiernos pasados. Aquellos no se creían en la necesidad de pedir autorizaciones, porque se la tomaban ellos y hacían cuanto se les ocurría sin necesidad de pedir para ello autorización a las Cortes.



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